El debate sobre las sanciones a las inmobiliarias y el índice de alquiler de precios es algo que continúa en los círculos políticos de Barcelona. El viernes pasado, Barcelona pel Canvi llevó al pleno del consistorio barcelonés la suspensión de las sanciones a inmobiliarias hasta conocer el veredicto del Constitucional. Aunque la mayoría de los votos fueron en contra, Ciudadanos y Partido Popular sí apoyaron la exposición el “sentido común” y al “criterio de prudencia”, que expusieron integrantes del bloque.
Los otros partidos a favor de “ser cautos” fueron Ciudadanos y Partido Popular, que aseguraron que este tipo de sanciones “crean inseguridad jurídica y dan mala imagen para algunas empresas tecnológicas que ven a Barcelona como una ciudad donde expandirse o instalarse para liderar su negocio en Europa”.
Por su parte, JxCat, ERC y Barcelona en Comú votaron en contra, apelando que “es una ley social y que nadie debería estar en contra de ella”.
La norma fue aprobada en septiembre de 2020 y fue recurrida por el PP de inmediato al TC, que admitió el escrito a trámite y está en estudio. Antes de que el Parlament de Cataluña le diera luz verde, el Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) advirtió de que la Generalitat no tenía competencias en esta materia.
El sector prevé que este pronunciamiento sea clave en la decisión final que tomen los magistrados y la normativa decaiga de forma definitiva. Con todo, en Barcelona ya se habrán tramitado sanciones. Son numerosos los expertos que ya han adelantado que el Tribunal Constitucional tumbará la regulación catalana. En ese caso, los expedientes sancionadores abiertos por Colau se deberían cerrar.
Pingback: La Diputación de Barcelona ofrece apoyo a los municipios para prevenir la expansión de mosquitos
Pingback: Polémica compra del Ayuntamiento por más de 8 millones
Pingback: Barcelona trabaja para aprovechar los eventos deportivos