Argentina: polémica entre el gobierno y empresas de telecomunicaciones

Argentina: todo sobre la polémica entre el gobierno y las empresas de telecomunicaciones

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Uno de los temas que se discuten en Argentina en estos días tiene que ver con la posible modificación de las condiciones de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs). A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia del Presidente Alberto Fernández, se tiene la intención de declarar como servicios esenciales los provistos por estas empresas de telecomunicaciones, además de regular aumentos, congelando precios hasta fin de año. El pasado lunes, el Congreso comenzó a avanzar con el tratamiento del decreto, por medio de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo.

El DNU considera que el acceso a internet es un derecho digital que toda persona debe poseer para ejercer y gozar del derecho a la libertad de expresión. Además, que las TICs representan no sólo un portal de acceso al conocimiento, a la educación, a la información y al entretenimiento. Constituyen, además, un punto de referencia y un pilar fundamental para la construcción del desarrollo económico y social.

En el decreto se destacan también los casos de México y Francia. En el primero se consagró el derecho de acceso a Internet, mientras que en el país europeo fue considerado un derecho fundamental.

Qué significa esta medida

“Esta modificación brindó a las empresas de TV por cable la condición de prestadores de servicios TIC. Es decir, las equiparó a las compañías de telecomunicaciones y los liberó así de las obligaciones que imponía la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”. Esto fue explicado a Chequeado Damián Loreti -abogado, doctor en Ciencias de la Información y secretario del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)-.

Además, en el marco de la emergencia ampliada por el Decreto N° 260/20, se suspende cualquier aumento o modificación de precios establecidos o anunciados desde el 31 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2020 por los licenciatarios TICs. Esto incluye a la televisión por cable, internet, a la telefonía fija o móvil y también a los servicios de televisión satelital. 

En la vereda opuesta, se encuentran los que piensan que esta medida podría atentar contra la libre competencia y el mercado de las TICs. Afirman que un congelamiento de precios podría desalentar la inversión y hasta perjudicar a las empresas por el elevado gasto de servicio. El precio de los insumos está dolarizado.

Inversión en el servicio

“Arsat invirtió más de 3.200 millones de dólares en el tendido de 31.600 Km de fibra óptica entre 2012 y 2015 y el gobierno de Macri sólo invirtió 200 millones agregando un 10% de red. Ya se giraron 3000 millones a Arsat para mejorar el transporte de datos. Se destinaron 1000 millones para conectar barrios populares y 2000 millones para dar conexión a escuelas y hospitales”. Estos datos fueron publicados en una nota de opinión que Gustavo López, Vicepresidente de Enacom, escribió para el diario Clarín.

El Ente Nacional de Telecomunicaciones (Enacom) fue creado por el anterior presidente Mauricio Macri, a través del decreto DNU 267/2015, en el que también se modificó la anterior “Ley Argentina Digital”.

Reclamos por mal servicio

Por su parte, el gobierno redobló la ofensiva contra las empresas. El Ministerio de Desarrollo Productivo publicó en su sitio web un comunicado en el que sostiene que el rubro de las telecomunicaciones lideró el ranking de empresas con más reclamos entre enero y julio de este año. Los datos fueron provistos por la Secretaría de Comercio Exterior, dependiente de ese Ministerio.

El 27% de los reclamos fueron por cumplimiento parcial o defectuoso de la prestación del servicio, 20% por falta de procesamiento de baja del servicio, 18% por incumplimiento total de la prestación del servicio contratado, 16% por facturación excesiva/ facturación cargos no convenidos, 13% por incumplimiento de Oferta, Promociones y/o Bonificaciones.

Resta esperar cómo avanza el tratamiento del decreto, pero desde ahora hay una gran polémica con la medida. El futuro de las Telecomunicaciones en Argentina depende de la resolución del decreto y su eventual puesta en marcha.

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