Estados Unidos contra las prácticas monopólicas de Facebook

Cada vez se habla más sobre Facebook y sus complejos algoritmos y formas de persuasión. Documentales en Netflix o el polémico juicio de Cambridge Analytica que puso en agenda el accionar de las empresas de tecnología aportaron en esa causa. El 9 de diciembre, la Comisión Federal de Comercio y una coalición de fiscales y procuradores generales de 48 estados más el Distrito de Columbia, encabezada por la procuradora general del Estado de Nueva York, presentaron dos demandas antimonopolio separadas contra Facebook.

Las demandas apuntan fundamentalmente a dos de las principales adquisiciones de la empresa: Instagram y WhatsApp. Buscan solucionar la denunciada conducta anticompetitiva que podría resultar en que Facebook desinvierta en ambas aplicaciones. Las acciones de la compañía cayeron casi un 2% al cierre del mercado ese día.

Las acusaciones

Facebook de defendió de las demandas, a las que describió como un ejercicio de «revisionismo histórico». En la medida en que las operaciones cuestionadas fueron aprobadas por el gobierno de Estados Unidos hace varios años. Este argumento permite prever invocaciones de derechos adquiridos ante la posible vuelta atrás de decisiones ya consolidadas.

En la exposición de ambas presentaciones se recogen acusaciones por comprar de forma hostil a sus competidores, afectar las condiciones de competencia de quienes no se dejaban comprar, al mismo tiempo que dejaba deteriorar las condiciones de servicio de su propia plataforma, en particular la protección de las reglas y prácticas de seguridad de los datos y la privacidad. Estas presentaciones se realizan una semana después de que el Departamento de Justicia iniciara otra acción fundada en la idea de que Google mantiene ilegalmente un monopolio en su negocio de búsqueda.

De la privacidad a la vigilancia

En las extensas demandas se relata cómo Facebook fue adquiriendo diversas empresas por el hecho de que podrían competir o adelantarse a sus propias creaciones. O porque otras plataformas podrían verse interesadas en ellas. La Comisión Federal de Comercio (FTC) alega que Facebook se involucró en una estrategia sistemática para eliminar las amenazas a su monopolio. Incluyendo las adquisiciones de Instagram y WhatsApp en 2012 y 2014 respectivamente, que autorizó previamente el mismo organismo que hoy demanda.

Ahora la FTC pretende buscar una orden de restricción judicial permanente. Esto podría resultar en la «desinversión» en ambas compañías y la prohibición a Facebook para imponer condiciones anticompetitivas contra terceros desarrolladores de software. La demanda también señala que la empresa intentó y fracasó en la compra de los rivales Twitter y Snapchat.

La demanda de los procuradores

Por su parte, la demanda presentada por la coalición de procuradores cita correos internos de Facebook que dan cuenta de la voluntad de dañar a la competencia. Además, mencionan el creciente desinterés en la protección de la privacidad de los datos de los usuarios. Los procuradores y la FTC hacen otras afirmaciones sobre el daño causado por las prácticas monopolísticas en materia de innovación. Esta es una cuestión difícil de dirimir. Es verdad que cuando se devora a la competencia se achica la capacidad de creación en un mercado como el de las plataformas, pero de allí a poder certificar un daño concreto hay un paso muy largo.

En el mundo de las organizaciones de derechos digitales es un dato cierto que se ha deteriorado la calidad de la protección de los datos. En la medida en que el modelo de negocios de las plataformas no se basa en una relación de precio con los usuarios (distinto es el caso para el análisis de la inserción de publicidad). El deterioro de los derechos de los usuarios es un elemento que tendrá su peso en el análisis del caso. Esta cuestión facilitaría el hecho de medir los eventuales (o seguros) daños emergentes de la monopolización. La interoperabilidad de los datos de WhatsApp con los de Facebook cuando la compañía de Zuckerberg deglutió a la primera es una muestra de lo dicho. También, de la consecuente caída de las reglas de protección preexistentes.

Monopolios

Por empezar, transparencia y datos abiertos. Como ocurre con los estados, dueños de las plazas públicas viejas o analógicas. En Europa ya tomaron nota y avanzan con regulaciones sobre Servicios Digitales y Mercados Digitales destinadas a fijar reglas claras de funcionamiento y límites a la concentración.

Va siendo hora de que las empresas en general -y las plataformas en particular- se avengan a asumir que también deben respetar los derechos humanos de las personas. Para no abundar, les invito a revisar lo que opinan al respecto Naciones Unidas y los relatores de libertad de expresión de los distintos sistemas de protección de derechos humanos.

La protección de la privacidad, el no sufrir trato discriminatorio y el derecho a recibir, difundir e investigar informaciones, opiniones e ideas, son derechos humanos de reconocimiento universal. La antigua concepción según la cual el Estado era el único actor capaz de violar estos derechos hoy cede ante la realidad y se amplía a estos actores privados cuyo poder económico supera por lejos el PIB de la mayoría de los países del mundo.

Texto basado en El Cohete a la Luna